La presente ponencia está enmarcada en el proyecto, “Los Sistemas de Gestión de la Integridad en el ámbito local de la Comunitat Valenciana (2015-2022): diagnóstico, retos y experiencias (GESINLOC) [CIGE/2022/127]” financiado por la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana. Esta tiene como principal objetivo generar una serie de categorías que sirvan para explicar las características de este tipo de políticas en el ámbito local.

En la actualidad, las políticas de integridad se han convertido en instrumentos para la lucha contra la corrupción y el fraude. Estas, además, buscan generar legitimidad para revertir una percepción de la ciudadanía bastante crítica con las instituciones políticas y que ha derivado en fenómenos como el populismo, así como el surgimiento de la extrema derecha (Oñate, 2021; Oñate et al., 2022). Si bien, todo el sistema de salvaguarda y prevención contra la corrupción está determinado por aquellos que tomas las decisiones políticas; lo cierto es que el entorno, los procesos de isomorfismo y la traslación de ideas son fenómenos a tener en cuenta en cualquier estudio de las políticas públicas (Brunsson, 2007; Dimaggio, 1988; Dimaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977).

La proliferación de soluciones producida por la autonomía local genera la necesidad de categorizar y clasificar los sistemas integrados de este tipo de políticas para su comprensión. Para ello, se va a partir de la taxonomía de políticas de gestión de la integridad de Aldeguer-Cerdá et al. (2020) para generar tipos de sistemas de políticas en el ámbito local valenciano.

Esto se realizará a partir de los datos iniciales de una encuesta con 14 preguntas abiertas y cerradas que se desarrolló del 1 de noviembre de 2023 al 31 de marzo de 2024. Para ello, se partirá de 25 observaciones que serán tratadas mediante el programa MAXQDA 2024 y que utilizarán una metodología mixta de investigación.

Entre los resultados reseñables se puede destacar la importancia de la legislación en la conformación de estas políticas, la proliferación de sistemas de mínimos y la falta de recursos de la administración local.