En los últimos años asistimos a un incremento notable de las políticas que tratan de ampliar el control de los Estados sobre la movilidad de las personas, justo en el momento en que ésta tiende a aumentar. Los Estados receptores ponen en marcha nuevas normas y dispositivos (incluidos los mismos muros materiales) que tratan de frenar las entradas en sus territorios y desalentar a los potenciales migrantes, o extienden sus políticas a los mimos países de salida a través de planes de desarrollo que intentan estabilizar allí a sus poblaciones. Por su parte, los Estados de origen de los migrantes también tratan de extender su control sobre sus poblaciones en el exterior, revinculándolas con sus países, asegurando su fidelidad política o promoviendo el retorno de las mismas. En el contexto de una creciente transnacionalización de los flujos migratorios, donde la movilidad es la garantía del bienestar para muchas personas, las políticas de control de la movilidad ejercen un papel de barrera al desarrollo, al considerar ésta como una anomalía y una amenaza a la legitimidad del papel clásico de los Estados sobre el control de sus territorios y sus ciudadanos.